La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha fijado doctrina sobre la solución aplicable a los casos de daños en los bienes causados por la colisión recíproca de vehículos sin determinación del grado de culpa de cada conductor.

El tribunal ha tenido en cuenta que el régimen legal de la responsabilidad civil en el ámbito de la circulación de vehículos a motor se funda en su origen en principios de solidaridad social con las víctimas de los accidentes de tráfico, más que en los principios tradicionales de la responsabilidad civil extracontractual.

Nota de prensa – CGPJ

Los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo están obligados a notificar la citación o el primer emplazamiento a las sociedades y demás personas jurídicas demandadas de forma presencial en su domicilio, y no de manera telemática a través de la dirección electrónica habilitada facilitada por el Ministerio de Hacienda para recibir las notificaciones de los diferentes organismos de la Administración General del Estado.

Nota de prensa – Ministerio de Justicia

Esta ley tiene por objeto suprimir las expresiones recogidas en el Código civil catalán que identifican las personas como sordas, ciegas o mudas, para que su desaparición puede contribuir a eliminar la estigmatización que deriva de esta discapacidad.

Además, la ley también tiene por objeto eliminar las restricciones que el Código establece a las personas con discapacidad sensorial a la hora de realizar actos de naturaleza sucesoria y situarlas en el mismo plano de igualdad que el que corresponde a las personas que no tienen discapacidades sensoriales cuando quieren otorgar testamento y ordenar las últimas voluntades, o bien cuando intervienen como testigos en el otorgamiento de un testamento ajeno.

Proyecto de Ley – Parlament de Catalunya

El Portal de Subastas del Consejo General de Procuradores de España agilizará los procedimientos judiciales en beneficio de la justicia y de los justiciables, democratizará las subastas judiciales para que cualquier ciudadano tenga acceso a estos procedimientos.

La nueva herramienta permite externalizar del juzgado toda la realización de los procesos de ejecución y flexibilizar el procedimiento, con un sistema transparente y eficaz.

Portal de Subastas

Con la publicación en el BOE de 12 de marzo del Real Decreto Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo se ha querido restablecer algunos derechos sociales que fueron suprimidos en 2012 y garantizar el mantenimiento del empleo en determinados colectivos especialmente sensibles a la inestabilidad laboral y el desempleo.

Se establece el registro obligatorio de la jornada laboral, se recupera el subsidio por desempleo de mayores de 52 años, se actualizan cuantías en las prestaciones familiares y en las pensiones de incapacidad permanente total y se aprueban nuevas bonificaciones en la contratación, entre otras medidas.

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El Gobierno crea un total de 75 unidades judiciales y se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal en 80 nuevas plazas. El objetivo de estas medidas es atender las necesidades de la Justicia española, contribuir a su mayor eficacia y calidad y garantizar a los ciudadanos la protección judicial de sus derechos.

La nuevas unidades judiciales incluyen 53 juzgados y 22 nuevas plazas de magistrados en órganos colegiados distribuidas en las 17 comunidades autónomas. La plantilla orgánica del Ministerio Fiscal se amplía por primera vez desde 2015 para afrontar el incremento de carga de trabajo, reforzar la lucha contra la corrupción y dar respuesta a la criminalidad organizada en el Campo de Gibraltar. Además se crea una plaza de primera categoría de fiscal de sala coordinador para la protección de las personas con discapacidad y los mayores.

Nota de prensa – Ministerio de Justicia

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina el criterio interpretativo que consiste en determinar si, en relación con las adjudicaciones en pago de deudas o daciones en pago sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad transmisiones patrimoniales onerosas, la base imponible ha de establecerse en función del valor real del inmueble que se transmite o si, por el contrario, la misma ha de coincidir con el importe de la deuda pendiente de amortizar que se extingue con la operación.

Nota de prensa - CGPJ

El Tribunal Supremo ha fijado en una sentencia una serie de criterios orientativos a tener en cuenta ante la declaración de las víctimas en el proceso penal. Y en este caso concreto analizado en la sentencia, en los casos de víctimas de delitos de violencia de género, destacando entre otros factores a considerar la percepción de la seguridad en la declaración ante el Tribunal por el interrogatorio del Ministerio Fiscal, letrado/a de la acusación particular y de la defensa, la concreción en el relato de los hechos ocurridos objeto de la causa, la claridad expositiva ante el Tribunal, el “Lenguaje gestual” de convicción.

En la sentencia de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo se fijan una serie de parámetros para valorar esta declaración de la víctima el día del juicio en torno a la apreciación de la credibilidad sobre los hechos de los que fue sujeto pasivo del delito y la percepción del tribunal a la hora de llegar al proceso de convicción sobre la realidad y veracidad de lo que relata.

Nota de prensa - CGPJ

El total de asuntos de nuevo ingreso durante el 2018 fue de 5.991.201, un 2 por ciento más que en el año anterior. Incrementos de 9 puntos en la jurisdicción civil, de un 6,5 por ciento en contencioso administrativo y de un 0,3, en social. El número de nuevos asuntos bajó un 2,5 por ciento en la jurisdicción penal.

La tasa de litigiosidad en el conjunto del Estado fue en el global del año 2018 de 128,2 asuntos por cada 1.000 habitantes. Y las comunidades que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la nacional fueron Canarias, Andalucía, Asturias, Illes Balears, Cantabria, Comunitat Valenciana y Murcia. Las comunidades con tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja, Navarra y País Vasco.

Nota de prensa - CGPJ

El objetivo de la nueva normativa es garantizar el acceso a la vivienda y contra la gentrificación, de manera que el Govern podrá limitar el precio del alquiler y alargará la duración mínima de los contratos a entre seis y diez años. El Govern estudia también la posibilidad de que la nueva norma establezca condiciones diferentes para los particulares y para las sociedades dedicadas al negocio inmobiliario.

El proyecto de ley también facultará el departamento competente en materia de vivienda para que pueda limitar el precio del alquiler, ya sea directamente o dando a los ayuntamientos la capacidad para hacerlo.

Aparte de la ampliación de la duración mínima del contrato de alquiler y de las limitaciones de los precios, la nueva Ley incluirá a un amplio paquete de medidas para que el arrendamiento de inmuebles se haga con las mejores garantías tanto para los inquilinos como para los propietarios.

Nota de prensa – Departament de Justícia