Según el informe “Situación de los órganos judiciales” publicado por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, el número de asuntos ingresados en los Juzgados y Tribunales españoles en el primer trimestre del año fue de 1.505.681, lo que representa un incremento del 0,2 por ciento respecto al mismo periodo de 2017.

Entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo, los órganos judiciales resolvieron 1.472.649 asuntos, quedando en trámite al final del trimestre 2.420.110 asuntos, un 10,4 por ciento más que en la misma fecha del año pasado.

La entrada de asuntos experimentó un incremento tanto en la jurisdicción civil –con una subida del 14 por ciento- como en la contencioso-administrativa –donde el incremento fue del 2,1 por ciento-, mientras que descendió un 7,6 por ciento en la penal y un 5,5 por ciento en la social.

Nota de prensa- CGPJ

En el Boletín Oficial del Estado de 12 de junio se ha publicado la Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas. El objetivo de esta modificación es proteger a los propietarios legítimos de los bienes inmuebles frente la ocupación no consentida ni tolerada.

La norma pretende crear un nuevo cauce procesal, una variante del juicio verbal posesorio previsto la Ley Enjuiciamiento Civil, para dar una respuesta ágil y efectiva al problema derivado de la ocupación ilegal de viviendas y el consiguiente desalojo del ocupante por la fuerza.

BOE núm. 142 – 12/06/2018

Mediante esta proposición se pretende incorporar al derecho español la Directiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre las sanciones penales aplicables al abuso de mercado, la Directiva 2017/541/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo, y la Directiva 2017/1371/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión mediante el Derecho penal.

Más información – ICAB

A partir del 7 de mayo ya es obligatoria la presentación totalmente telemática de los escritos a dos nuevos partidos judiciales, concretamente el de Sant Feliu de Llobregat y el de Figueres. Desde el pasado 3 de abril estaba abierto el periodo de presentación voluntaria.

Más información – ICAB

La sala fija la siguiente doctrina jurisprudencial: “El párrafo segundo del art. 73 de la Ley de Contrato de Seguro regula dos cláusulas limitativas diferentes, cada una con sus propios requisitos de cobertura temporal, de modo que para la validez de las de futuro (inciso segundo) no es exigible, además, la cobertura retrospectiva, ni para la validez de las retrospectivas o de pasado es exigible, además, que cubran reclamaciones posteriores a la vigencia del seguro”.
De esta manera se declaran legalmente admisibles los dos tipos de limitación temporal, cada una de ellas con sus propios requisitos de validez: las cláusulas retrospectivas o de pasado (nacimiento de la obligación antes de la vigencia del seguro), y las cláusulas prospectivas o de futuro (reclamación posterior a la vigencia del seguro), cada una de ellas reguladas en diferentes incisos del párrafo segundo del artículo 73 LCS, no siendo exigible que los requisitos de uno y otro inciso sean cumulativos.

Más información – CGPJ

El Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, busca adaptar a la legislación española las directrices de la orden europea de investigación, aprobada en 2014, que crea un régimen único para la obtención de pruebas, aunque establece normas adicionales para determinados tipos de medidas como el traslado temporal de detenidos, las comparecencias por teléfono, videoconferencia u otros medios de transmisión audiovisual, la obtención de información relacionada con cuentas o transacciones bancarias o financieras, las entregas vigiladas o las investigaciones encubiertas y la intervención de telecomunicaciones con asistencia de otro Estado miembro.

La Proposición de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para proteger la propiedad privada frente a la ocupación ilegal y promover el alquiler social, pretende incluir la posibilidad de interposición de un juicio verbal para recuperar la posesión de una vivienda ocupada ilegalmente, posibilidad que podrá ejercer el propietario persona física, así como las entidades sociales y administraciones públicas tenedoras de un parque de viviendas de carácter social destinado a atender las necesidades urgentes de personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad en materia de vivienda.

Más información – Congreso de los Diputados

Desde el 3 de abril los 49 partidos judiciales de toda Cataluña disponen del Servicio de acompañamiento a juicio que ofrecen las Oficinas de Atención a la Víctima del Delito (OAVD). Hasta ahora, este servicio sólo se hacía desde las OAVD de las ciudades de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona y Tortosa.

Las víctimas de cualquier delito - aunque sea leve - pueden solicitar este Servicio cuando, por sus condiciones de vulnerabilidad física o psicológica, necesiten que las acompañen en el momento del juicio.

Nota de prensa – Departament de Justícia

Durante el Congreso se ha puesto de manifiesto la necesidad de encontrar soluciones para hacer frente a la ineficiencia y la lentitud del sistema de ejecución de sentencias judiciales en el ámbito civil español. Entre las actuaciones a llevar a cabo, varios ponentes han destacado la necesidad de crear la figura de un nuevo agente de ejecución de sentencias, inspirándose en los “Huissiers de Justice” de Francia. En el caso español, los procuradores de los tribunales podrían asumir esta competencia, según han avalado durante el congreso académicos, abogados y miembros de la judicatura.

El evento, que fue inaugurado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el presidente del Consejo de Colegios de Procuradores de Cataluña, Ignacio López Chocarro y el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, ha permitido abordar en profundidad un estudio reciente de la Cámara de Comercio y de la UB, que pone de manifiesto que sólo se recupera el 21,8% del importe económico de las sentencias ejecutadas en Cataluña y el plazo medio del proceso para recuperar los importes es de 1 año y 9 meses.

Nota de prensa – ICPB

El total de asuntos de nuevo ingreso fue de 5.873.689. Destacan los incrementos de 9,2 puntos en la jurisdicción civil y de un 5,8 por ciento en la jurisdicción social, mientras que el número de nuevos asuntos bajó en el resto de las jurisdicciones: el 4 por ciento en Penal y el 0,1 por ciento en Contencioso-Administrativa. Canarias, con 164,5 asuntos por cada mil habitantes, se situó a la cabeza en tasa de litigiosidad, que fue de 126,1 asuntos para toda España.

Nota de prensa – CGPJ

Los días 15 y 16 de marzo tendrá lugar en Barcelona el 1er Congreso sobre Economía y Justicia. El evento está organizado por el Consejo de Colegios de Procuradores de Cataluña, el Colegio de Procuradores de Barcelona y el Consejo General de Procuradores de España, y permitirá analizar las repercusiones económicas de una ejecución civil lenta e ineficaz. Además, se plantearán posibles soluciones, algunas de las cuales podrían incorporarse en una futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y podrían suponer el establecimiento de nuevas competencias para los procuradores. Programa del Congreso