El Gobierno de la Generalitat ha aprobado el Proyecto de ley de voluntades digitales, un nuevo marco legal que reconoce el valor patrimonial de la huella digital. Es por ello que estimula la designación de un heredero digital, que quede explícitamente manifiesto en el testamento. Este heredero será el encargado de administrar todas las cuentas y contenidos del difunto en la red, de acuerdo con su voluntad. El objetivo es que los herederos queden inequívocamente apoderados ante los prestadores de servicios digitales, que los deberán facilitar tanto el acceso a todas las cuentas como la retirada y la recuperación de los archivos de los difuntos.

Entre los activos de una herencia digital, el Proyecto de ley distingue las comunicaciones electrónicas, las cuentas de redes sociales, el almacenamiento de archivos en la nube; o los bienes, servicios y dominios adquiridos por la persona fallecida. El heredero digital también se hará cargo de la titularidad de las cuentas y de los contenidos en Internet si su titular es declarado incapaz.

Nota de prensa

El DOGC de 22 de febrero publica la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018.

El Código civil de Cataluña recoge las normas en relación con el ámbito privado de las personas físicas y jurídicas, establecidas en seis libros diferentes. Entre los aspectos destacados del libro sexto, se cuentan la incorporación en los contratos de directivas europeas para la protección de los consumidores; de contratos habituales del ámbito privado, pero que no estaban específicamente previstos por ninguna norma, y e avances significativos en materia de vivienda.

Nota de prensa

Texto completo - DOGC

La solución adoptada consiste en atribuir, en el marco que permite el artículo 98.2 de la LOPJ, a uno o varios juzgados de 1ª instancia, a nivel provincial, el conocimiento de los asuntos en materia de cláusulas suelo, dotándolos con jueces de adscripción territorial o jueces en comisiones de servicio en el número que se necesite en cada momento a fin de no dilatar la actividad ordinaria en la jurisdicción civil. Además, para atender la carga de trabajo suplementaria generada, los órganos judiciales se reforzarán con la dotación necesaria de letrados de la Administración de Justicia y funcionarios de los cuerpos generales.

El CGPJ está contemplando también la posibilidad de ampliar el ámbito competencial de este tipo de juzgados en otras materias relacionadas con contratos de financiación con garantía hipotecaria y que daría respuesta a reclamaciones formuladas no sólo en materia de cláusulas suelo, sino también en materia de nulidad de cláusulas de vencimiento anticipado.

Nota de prensa

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha adoptado un nuevo Acuerdo sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal. Los nuevos criterios pretenden simplificar los anteriores y precisar el alcance de las nuevas causas legales de inadmisión del recurso de casación.

La Sala advierte un considerable incremento del número de recursos, muchos de los cuales adolecen de graves deficiencias técnicas que le dificultan el cumplimiento de la función institucional del Tribunal Supremo. Los acuerdos tienen carácter vinculante y, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, complementan la regulación legal de los recursos extraordinarios".

Más información - CGPJ

El pasado 25 de enero se celebró la jornada "Justicia e impulso de la actividad económica" de Foment del Treball, que reunió diversas personalidades del mundo jurídico en Barcelona. La jornada fue inaugurada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Durante la inauguración, Catalá defendió que la mayor seguridad jurídica de un país redunda en un mayor potencial para atraer inversión y ser competitivo económicamente, por lo que considera que se debe valorar el esfuerzo español.

El decano del ICPB en su intervención valoró positivamente el hecho de que España haya "acercado al resto de países en cuanto al timing de tramitación de los procedimientos judiciales en fase declarativa", pero a la vez destacó que "tenemos una asignatura pendiente en la fase de ejecución". En este sentido, López Chocarro citó datos estadísticos del Evaluation of European Judicial Systems (CEPEJ) para constatar que es justamente en esta fase judicial donde España se encuentra a la cola del resto de países de Europa.

López Chocarro también hizo hincapié en el hecho de que, actualmente, no se está haciendo un buen uso de las herramientas para averiguar los bienes de los ejecutados. Del mismo modo, cuestionó la actual gestión de la Oficina Judicial, que consideró muy deficiente. Y es que, según destacó el decano del ICPB, la gestión de los Juzgados debería ser más eficiente para que su funcionamiento fuera más óptimo.

Nota de premsa - ICPB

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y el director de la Real Academia Española, Darío Villanueva, presentaron el Libro de estilo de la Justicia, que pretende ayudar al buen uso del español por parte de jueces, abogados, procuradores y otros operadores jurídicos con el objetivo de que el lenguaje que emplean en sus escritos alcance la calidad, modernidad, rigor y comprensión que reclama la sociedad del siglo XXI.

La obra ofrece, entre otras, indicaciones sobre normas de escritura; formas de manejar los nombres, las abreviaciones y los signos; reglas gramaticales; errores frecuentes y utilización de términos de idiomas extranjeros.

Nota de prensa - CGPJ

La norma regula las medidas para facilitar la devolución de las cantidades indebidamente cobradas por las entidades de crédito en aplicación de determinadas cláusulas suelo, contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria. Sólo es aplicable a los consumidores que sean personas físicas.

Además, se exige a los bancos que a partir del 21 de febrero de 2017 implanten un sistema de reclamación previa a la interposición de demandas judiciales al respecto. La reclamación extrajudicial prevista es voluntaria para el consumidor. La puede formular desde la entrada en vigor de la norma, y si se llega a un acuerdo debe ser en el plazo de 3 meses.

Texto completo - BOE