El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha el Registro Central de Titularidades Reales (RCTIR), conforme a lo previsto en el Real Decreto 609/2023, de 11 de julio, por el que se aprobó su creación y su reglamento.

El RCTIR permitirá la consulta de la titularidad real de personas jurídicas españolas y de fideicomisos, tipo trust, y otros instrumentos jurídicos análogos que operan en España por parte de autoridades, sujetos obligados y aquella persona u organización que pueda demostrar un interés legítimo.

Con la creación del RCTIR se completa la incorporación al derecho español de la Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Nota de premsa – Ministerio de Justicia

Los Juzgados de Primera Instancia de Barcelona han alcanzado por unanimidad un acuerdo sobre los criterios orientadores para la aplicación de las recientes normas procesales en materia de vivienda.

La unificación de criterios tiene la finalidad, según la junta de jueces de Primera Instancia de Barcelona, de “contribuir a reducir la litigiosidad e introducir una mayor seguridad jurídica en las actuaciones judiciales”. Dicho acuerdo tiene como objetivo “dotar de una cierta uniformidad a la tramitación de los procedimientos, así como favorecer la predictibilidad del iter procesal de cada asunto, sin perjuicio de los pronunciamientos de fondo que puedan dictarse en cada caso”.

Nota de prensa – CGPJ

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que anula la exigencia a los contribuyentes de presentar la declaración del IRPF por medios electrónicos a través de Internet, realizada en la Orden del Ministerio de Hacienda HAC/277/2019, de 4 de marzo, “pues se establece de manera general para todos los obligados tributarios sin determinar los supuestos y condiciones que justifiquen, en atención a razones de capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, que se imponga tal obligación”. La resolución subraya que la Ley General Tributaria reconoce el derecho, que no la obligación, de los ciudadanos a utilizar los medios electrónicos, así como el deber de la Administración de promover su utilización.

Nota de prensa – CGPJ

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado trasladar a los órganos gubernativos del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia que deberán abstenerse de adoptar las medidas organizativas y tecnológicas previstas en la ley para hacer frente a la crisis sanitaria causada por el COVID-19, así como dejar sin efecto las que se encuentren vigentes en este momento.

A partir del 5 de julio, fecha de la publicación del acuerdo en el BOE, se suspenden medidas tales como celebración telemática de actos procesales, limitaciones en el acceso a las salas de vistas, dispensa de la utilización de togas o establecimiento de formas no presenciales de atención al público, entre otras, previstas en la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19.

Nota de prensa – CGPJ

En el orden penal, ante la situación existente en la Sala Segunda del Supremo, la modificación permitirá exigir la existencia de un breve extracto de los motivos de casación esgrimidos, así como citar el precepto del Código Penal que se considera vulnerado.

En cuanto a lo contencioso-administrativo, se mejora el mecanismo del pleito testigo para lograr mayor eficiencia en la gestión de la litigiosidad en masa. Además, en este mismo orden jurisdiccional, resulta procedente dotar de mayor agilidad a la tramitación del recurso de casación acortando los plazos previstos para algunos trámites intermedios, sin que eso altere los previstos para formular los escritos de preparación del recurso y los de interposición y oposición.

En relación con el orden civil, también se modifica el régimen del recurso de casación, pues la separación de denuncias por infracciones procesales o sustantivas ha generado dos recursos diferentes en razón de su naturaleza, lo que no resulta operativo en el actual desarrollo del derecho privado.

Respecto al orden social, se introduce, entre otras modificaciones, la eliminación del recurso contra el auto de inadmisión por falta de subsanación de defectos, cuando la parte ya ha sido advertida y requerida para esa subsanación y ha dejado pasar el plazo.

Nota de prensa – Ministerio de Justicia

La actualización del Código civil catalán, aprobada por el Gobierno de la Generalitat el pasado noviembre, ha sido impulsada por el Departamento de Justicia, Derechos y Memoria con el objetivo de adaptar la legislación catalana a la realidad social y jurídica de nuestros días.

Uno de los principios transversales que inspira la actualización del Código civil es la garantía de la igualdad entre mujeres y hombres. La resolución alternativa de conflictos se fija como principio general en el nuevo texto y, por lo tanto, se insta los ciudadanos a resolver los conflictos por la vía de la mediación antes de que el juicio.

En referencia a las personas con discapacidad, se implementa el principio de capacidad jurídica de todas las personas, en línea con las directrices de la Convención de Nueva York de 2006. Además, en el ámbito del derecho sucesorio, la actualización del Código civil de Cataluña refuerza la posición de la persona heredera y se reforma la legítima para reducir el alcance: el periodo para reclamarla pasará de 10 a 4 años. También, el maltrato de carácter psicológico se incluye dentro del maltrato grave como causa de desheredación.

En cuanto a los derechos de los animales, se dejan de considerar como bienes materiales, y en situaciones de separación o divorcio se incorpora a la legislación un tratamiento propio que los diferencia de los derechos de los objetos, como la posibilidad de custodia compartida o el derecho de sucesión.

Nota de prensa – Parlament de Catalunya

El Supremo aplica la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, fijada en sentencias de 2017 y 2019, y modifica y ajusta su doctrina a la misma en relación con la interpretación de la cláusula antiabuso recogida en el artículo 14.1.h del Texto Refundido de la Ley de dicho Impuesto.

El Supremo, tras hacer un repaso exhaustivo de la jurisprudencia del TJUE, se muestra de acuerdo con la Audiencia, al considerar que en todo caso le corresponde a la Administración tributaria, y no al contribuyente, probar los presupuestos de aplicación de la cláusula antiabuso acudiendo a los distintos medios de información previstos en los Convenios de doble imposición o la Directiva de Intercambio de información (DAC).

Nota de prensa – CGPJ

Para la Sala, la Convención de Naciones Unidas de Derechos de las personas con discapacidad de 2006 y las previsiones contenidas en los artículos 7 bis LEC y 19 de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y no discriminación, obligan a ajustes razonables del procedimiento que optimicen los derechos de participación y de información de las personas con discapacidad. Y entre estos, por su particular relevancia, se encuentra el de procurar que puedan entender mejor las razones de las decisiones que afectan directamente a sus intereses y derechos.

Nota de prensa – CGPJ

El Proyecto de Ley impulsado por el Gobierno tiene por objeto transponer la Directiva (UE) 2021/514 del Consejo de 22 de marzo de 2021 que modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad, conocida como DAC7, cuya finalidad es ampliar la cooperación administrativa para "mejorar" el marco del intercambio de información con el fin de "abordar los desafíos que plantea la digitalización de la economía y ayudar a las administraciones tributarias a recaudar los impuestos de una forma mejor y más eficiente".

Nota de prensa – Congreso de los Diputados

El Tribunal Supremo declara como criterio jurisprudencial que “en las situaciones de separación, divorcio o nulidad del matrimonio que hubieren determinado el cese de la ocupación efectiva como vivienda habitual para el cónyuge que ha de abandonar el domicilio habitual por tales causas, el requisito de ocupación efectiva de la vivienda habitual en el momento de la transmisión o en cualquier día de los dos años anteriores a la misma, que exige el apartado 3 del art. 41 bis del Reglamento de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas se entenderá cumplido cuando tal situación concurra en el cónyuge que permaneció en la misma”.

Nota de prensa – CGPJ