El pasado 9 de junio el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la Ley General de Telecomunicaciones, así como la Ley orgánica complementaria de la Ley General de Telecomunicaciones por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Ley General de Telecomunicaciones tiene como objeto "la regulación de las telecomunicaciones, que comprende la instalación y explotación de las redes de comunicaciones electrónicas, la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas, sus recursos y servicios asociados, los equipos radioeléctricos y los equipos terminales de telecomunicación".

Nota de prensa – Congreso de los Diputados

El proyecto de ley tiene por objeto conseguir "una mayor agilización en la tramitación de los procedimientos judiciales", tal y como señala la exposición de motivos, y para ello plantea la modificación de, entre otras, las leyes de Enjuiciamiento Criminal y la de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, para "ofrecer a juzgados y tribunales de ese orden los instrumentos procesales óptimos para facilitar y hacer más ágil tanto la tramitación de los pleitos como su resolución".

La iniciativa se articula en tres títulos. El Título I abarca los medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional, el cual contiene tres capítulos. El Título II plantea la modificación de leyes procesales. Por último, el Título III, dedicado a medidas de transformación digital.

Nota de prensa – Congreso de los Diputados

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece doctrina en relación con los procedimientos de comprobación limitada realizados por Hacienda. En concreto, se pronuncia sobre en qué momento la Administración tributaria puede comunicar al comprobado la ampliación del alcance de un procedimiento de este tipo para que éste sea válido.

La Sala fija que, en garantía de los derechos del contribuyente reconocidos en los artículos 34.1.ñ) y 137 de la Ley General Tributaria (LGT), Hacienda solo podrá ampliar el alcance de sus actuaciones de comprobación limitada, de forma motivada por referencia al caso concreto, cuando lo comunique al comprobado “con carácter previo” a la apertura del plazo de alegaciones.

Añade que será “nulo, por lo tanto, el acto final del procedimiento de gestión de tal clase en que se haya acordado esa ampliación en momento simultáneo, o posterior, a la comunicación al comprobado de la concesión del plazo para puesta de manifiesto y para efectuar alegaciones a la propuesta de liquidación”.

Nota de prensa – CGPJ

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Justicia, la modificación del Real Decreto (RD) por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales.

El RD aprobado recoge que la cuantía global por derechos devengados por un procurador de los tribunales en un mismo asunto, actuación o proceso, no podrá exceder de 75.000 euros. Además, el sistema arancelario que rija los derechos de los procuradores no podrá fijar límites mínimos para las cantidades devengadas en relación con las distintas actuaciones profesionales realizadas.

Del mismo modo, excepcionalmente, y sometido a justificación y autorización del juez, se podrá superar el límite anteriormente señalado para remunerar justa y adecuadamente los servicios profesionales realizados por el procurador de manera extraordinaria.

Nota de prensa – Ministerio de Justicia

El dictamen afirma que el establecimiento de un arancel máximo se acomoda a las exigencias de la Comisión Europea, al compromiso asumido por el Gobierno y a la configuración plasmada en la reciente Ley 15/2021. Además, advierte -en referencia a la fijación de un límite global “por asunto”- que el Tribunal Supremo ha señalado repetidamente que por “asunto” cabe entender “proceso”, esto es, con todas sus instancias e incluyendo los recursos ordinarios y extraordinarios, de manera que el importe global comprende el máximo que puede llegar a facturarse por un procurador –a cliente o en costas- considerando la suma de los importes de todas las instancias.

El texto aprobado por el Pleno hace una valoración favorable de la introducción en el real decreto proyectado de la obligación de que el procurador entregue un presupuesto previo a sus clientes, en el que conste la disminución ofrecida respecto del arancel máximo previsto en la normativa o, si no se ofrece ninguna, conste también expresamente este hecho.

En cuanto a la actualización de aranceles, el texto aprobado por el Pleno señala, en este sentido, que el sistema arancelario de la procura no ha sido objeto de reforma o actualización alguna desde el año 2003, sin que el real decreto proyectado contemple una actualización que pudiera resultar aconsejable habida cuenta del tiempo transcurrido desde que fueron fijados los aranceles actualmente vigentes y de la evolución de la economía y del mercado de los servicios profesionales que ha tenido lugar desde entonces.

Nota de prensa – CGPJ

El Tribunal Supremo aclara las dudas sobre el modo en que la subida del SMI afecta a los convenios col·lectives. En particular, y respecto del fijado para el año 2019, se ha venido discutiendo si las nuevas cantidades debían tomarse como “salario base” y sobre ellas calcular los diversos complementos (antigüedad, penosidad, peligrosidad), tal y como la literalidad del real decreto de SMI establece.

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha dado una respuesta negativa al interrogante, de manera que “para conseguir la efectiva percepción del SMI garantizado hay que atender a las previsiones del convenio colectivo, incluyendo los diversos complementos salariales, salvo que una norma con rango de Ley aboque a otra conclusión, o el propio convenio colectivo lo indique de forma expresa”.

Nota de prensa – CGPJ

La juez decana de Barcelona, Cristina Ferrando, ha presidido junta de jueces de instrucción de la ciudad de Barcelona que ha aprobado proponer la reactivación de la guardia del segundo juzgado de delitos leves por un período inicial de 6 meses, sin perjuicio de que se pueda prorrogar según las cifras de evolución de la delincuencia y también teniendo en cuenta que en estos momentos se están señalando juicios para el mes de agosto de hechos ocurridos en el mes de marzo.

Nota de premsa – CGPJ

Dos sentencias dictadas por el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo explican que para poder percibir el 100% de la pensión de jubilación al tiempo que se desarrolla una actividad por cuenta propia no basta con ser miembro de una comunidad de bienes o administrador de una sociedad limitada, sino que es necesario desarrollar una actividad por cuenta propia, a título individual, y tener contratado algún trabajador. No basta con que la contratación laboral la haya llevado a cabo una comunidad de bienes o una sociedad limitada.

Los casos ahora resueltos surgen como consecuencia de que quien percibe la pensión de jubilación alega tener contratadas a varias personas a través de la comunidad de bienes de que forma parte. Puesto que la condición de comunero comporta asumir personalmente las responsabilidades derivadas cuanto haga la comunidad de bienes, consideraban los pensionistas que tienen derecho a la jubilación activa “plena”, es decir, sin merma de la pensión.

Nota de prensa – CGPJ

El Tribunal Supremo admitió un recurso de casación para responder a la cuestión de si las infracciones de la Ley de Protección de Datos por fallos de las medidas de seguridad que puedan cometer los empleados de una persona jurídica deben examinarse en atención al resultado y, por lo tanto, imputarse a la persona jurídica de la que dependa el empleado, con independencia de los medios y medidas de prevención que hubiera podido adoptar.

La Sala contesta que la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales no puede considerarse una obligación de resultado, que implique que producida una filtración de datos personales a un tercero exista responsabilidad con independencia de las medidas adoptadas y de la actividad desplegada por el responsable del fichero o del tratamiento.

Añade que “no basta con diseñar los medios técnicos y organizativos necesarios, también es necesaria su correcta implantación y su utilización de forma apropiada, de modo que también responderá (la empresa) por la falta de la diligencia en su utilización, entendida como una diligencia razonable atendiendo a las circunstancias del caso”.

Nota de prensa – CGPJ

El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo; y ha rechazado su tramitación por como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. La tramitación del decreto como proyecto de ley permite a la Cámara introducir modificaciones. Por tanto, se abre el plazo para presentar enmiendas al articulado, así como enmiendas a la totalidad de texto alternativo.

La nueva norma, publicada en el BOE de 30 de diciembre tiene por objeto corregir la "temporalidad excesiva que provoca que en cada crisis se destruya sistemáticamente empleo". Asimismo sostiene que se trata de "la primera reforma laboral de gran calado de la democracia que cuenta con el respaldo del diálogo social".

Nota de prensa – Congreso de los Diputados