El Tribunal Supremo ha declarado que el mecanismo de financiación del bono social es contrario al derecho de la Unión Europea por discriminar a unas empresas del sector eléctrico frente a otras.

El bono social es una prestación de carácter social destinada a proteger a determinados consumidores (“los consumidores vulnerables”) consistente en aplicar un descuento en el precio de la electricidad consumida en su vivienda habitual. La decisión del Tribunal Supremo anula el mecanismo de financiación destinado a cubrir el coste de ese descuento, sin que ello afecte a la continuidad de su aplicación. En otros países de la Unión Europea prevén que ese coste se financie con cargo a sus presupuestos generales, pero España optó desde un principio por hacer recaer esa obligación sobre algunas empresas del sector eléctrico.

Las sentencias parten de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, especialmente de lo afirmado en su reciente sentencia de 14 de octubre de 2021 (Asunto C-683/19) en la que se sostiene que las obligaciones de servicio público, como la que nos ocupa, deben imponerse “con carácter general «a las empresas eléctricas» y no a algunas empresas concretas. En este contexto, el sistema de designación de las empresas encargadas de obligaciones de servicio público no puede excluir a priori a ninguna de las empresas que operan en el sector eléctrico.

Nota de prensa – CGPJ

Tras la última decisión firme dictada por las autoridades internas, en el marco del agotamiento de los recursos internos, el Protocolo número 15 del Convenio reduce de 6 a 4 meses el plazo para la interposición de las demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Este nuevo plazo de cuatro meses entrará en vigor el 1 de febrero de 2022. No obstante, será únicamente de aplicación a aquellas demandas en las que la última decisión firme adoptada por las autoridades internas se haya dictado a partir del 1 de febrero de 2022.

Esta modificación del plazo ha sido adoptada por los 47 Estados miembros del Consejo de Europa.

Nota de prensa – CGPJ

La Sala establece como doctrina que “el emplazamiento de productos en largometrajes, cortometrajes, documentales, películas y series de televisión, programas deportivos o en programas de entretenimiento, regulado en el artículo 17 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, aún en aquellos supuestos en que se cumplan los requisitos relativos a la advertencia al espectador o a la ausencia de condicionamiento a la independencia editorial del programa, podrá ser considerado una conducta infractora consistente en el incumplimiento de la prohibición de realizar publicidad encubierta, tipificada en el artículo 58.8 de la citada Ley General de la Comunicación Audiovisual, cuando de la naturaleza o características de los mensajes publicitarios emitidos pueda inferirse que no se trata de una mera presentación de los bienes o servicios en la medida que resulte prominente la finalidad promocional dirigida a la adquisición del producto por parte del público al que le induce a error sobre la naturaleza de la presentación”.

Nota de prensa – CGPJ

Los lanzamientos muestran en el tercer trimestre del año un aumento del 22 por ciento respecto a 2020 según un informe del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, mientras que si se compara con el tercer trimestre de 2019, previa a la pandemia, la evolución indica una disminución del 14,9 por ciento.

Siete de cada diez lanzamientos, el 69,3 por ciento, fue consecuencia del impago del alquiler. Los concursos de personas físicas no empresarios se incrementaron un 17,6 por ciento respecto a 2020 y un 92,1 por ciento en relación con 2019. Entre julio y septiembre de 2021 se presentaron 26.434 demandas por despido, un 36,5 % menos que en 2020 y un 14,7 por ciento menos que en 2019.

Nota de prensa – CGPJ

El Pleno del Congreso ha aprobado la Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia de conducción por puntos, tras la incorporación parcial de las enmiendas remitidas por el Senado.

Esta ley busca reducir la siniestralidad en carretera, con el objetivo de reforzar la seguridad vial. Para ello, revisa las infracciones que implican pérdida de puntos en el carnet de conducir, reconoce el impacto positivo de los cursos de conducción segura y actualiza la conducción profesional. De igual forma, unifica el plazo para recuperar el saldo inicial de puntos a dos años, que en la redacción anterior era de dos años para sanciones graves y de tres años para sanciones muy graves.

Nota de prensa – Congreso de los Diputados

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado el informe al anteproyecto de ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, que transpone la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 sobre reestructuración e insolvencia.

Nota de prensa – CGPJ

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado el informe al anteproyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia que, como novedad más destacada, prevé la implantación de los Tribunales de Instancia en el primer escalón de la organización judicial, un modelo colegiado llamado a sustituir los Juzgados unipersonales.

En líneas generales, el dictamen valora de forma positiva esta iniciativa legislativa por cuanto es un avance hacia la modernización y racionalización de la organización judicial, que permitirá un uso más eficiente de los medios personales y materiales; promoviendo la homogeneidad de criterios y prácticas en beneficio de la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación de la ley.

Nota de prensa – CGPJ

El Juzgado de lo Social 3 de Barcelona ha reconocido como enfermedad profesional el contagio por Covid de una auxiliar de geriatría de una residencia. La sentencia asegura que la demandante tenía un trabajo con una “clara exposición” al coronavirus y añade que en muy pocos días hubo varias infecciones de trabajadores del centro.

Por eso, y por el hecho que la empresa no adoptó las medidas suficientes, “se ha de presumir que la demandante contrajo la enfermedad en el trabajo” y sería, por tanto, una enfermedad profesional.

Más información - CGPJ

El discurso de inauguración del presidente del Consejo de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, incidió en dos de los temas estrella para la procura en este momento, por un lado la necesidad de un gran acuerdo político para emprender las reformas necesarias de cara a aumentar la eficacia y los agilidad de los órganos judiciales, y por otro lado en la conveniencia de convertir a los procuradores, siguiendo el ejemplo europeo, en agentes de ejecución.

Durante la gala se entregaron el premio "Convivencia y Tolerancia" a Carmen Calvo por la labor realizada en favor de la Igualdad, en materia de conciliación y, especialmente, en la lucha contra la violencia de género.

Nota de prensa- CGPE

En el DOGC del 3 de septiembre aparece publicado el Decreto Ley 19/2021, de 31 de agosto, por el que se adapta el Código civil de Cataluña a la reforma del procedimiento de modificación judicial de la capacidad. Este Decreto Ley adapta la figura de la asistencia a los derechos de las personas con discapacidad que recoge la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en Nueva York, el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de Naciones Unidas.

El cambio principal introducido por el Decreto es que se han suprimido todas las instituciones que pueden sustituir o limitar la autonomía de las personas con discapacidad y el ejercicio de sus derechos. Estas instituciones son: las tutelas, la potestad parental prorrogada y curatelas. Se mantiene la figura de la asistencia que podrá pedir la persona con discapacidad o bien judicialmente, si la persona no puede expresar su voluntad o no había dejado constancia. En cualquier caso, para nombrar un / a asistente / a, el juez o la juez deberá tener en cuenta las preferencias de la persona y su trayectoria personal.

Texto completo del Decreto Ley – Portal Jurídic de Catalunya