El Colegio de Procuradores de Barcelona (ICPB) expresa su preocupación por la entrada en vigor de la tercera fase de los Tribunales de Instancia, prevista para el 31 de diciembre, alertando de que esta reforma podría causar un colapso en los juzgados y retrasos en los procedimientos si no se lleva a cabo con una preparación adecuada. El ICPB destaca que la experiencia con el elevado volumen de casos en Barcelona indica que otros partidos judiciales podrían enfrentar problemas similares si no se refuerzan los recursos humanos, materiales y tecnológicos. El decano del ICPB, Javier Segura Zariquiey, defiende una implantación gradual por jurisdicciones para evitar disfunciones y garantizar una mejor formación de los profesionales, así como asegurar la tutela judicial efectiva. Nota de prensa – ICPB

Un juez de Madrid ha condenado Meta a pagar 479 millones de euros a 87 medios digitales y agencias de noticias por haber obtenido una ventaja competitiva desleal en Facebook e instagram, infringiendo el Reglamento Europeo de Protección de Datos. La sentencia estima parcialmente la demanda de la Asociación de mediados de Información, que denunciaba que Meta había utilizado datos personales de los usuarios sin su consentimiento explícito para vender publicidad personalizada, perjudicando el resto de actores del sector.

El juez calcula que Meta habría ingresado más de 5.200 millones de euros en publicidad en España entre el 2018 y el 2023, y ordena repartir parte de los beneficios obtenidos de manera irregular entre la competencia. La empresa tiene 20 días hábiles para presentar recurso. El tribunal considera que esta decisión puede establecer un precedente relevante en el sector publicitario, al confrontar el modelo de publicidad comportamental de Meta con los derechos de protección de datos y la competencia leal.

Nota de prensa – Poder judicial de España

La Galería de las Colecciones Reales acogerá del 12 al 14 de noviembre la 10ª Mesa Redonda Global de la OCDE sobre Igualdad de Acceso a la Justicia. La inauguración estará presidida por el ministro Félix Bolaños y la secretaria general adjunta de la OCDE, Mary Beth Goodman, en una cita que reunirá a cerca de 300 representantes de más de 40 países.

Durante tres días, ministros, responsables de Justicia, expertos internacionales y entidades de la sociedad civil analizarán cómo impulsar sistemas judiciales más inclusivos, transparentes y centrados en las personas. La cumbre abordará temas como la digitalización de procedimientos, el uso de inteligencia artificial y datos para mejorar la gestión judicial, la cooperación internacional y la necesidad de reforzar la confianza ciudadana en el Estado de Derecho, consolidando a España como referente en innovación y cooperación judicial a escala global.

Nota de prensa – Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

El Congreso ha convalidado por unanimidad el Real Decreto-ley 11/2025, que refuerza el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y cumple con la Ley 3/2024, destinada a mejorar la calidad de vida de las personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible. Se ha aprobado su tramitación como proyecto de ley por vía de urgencia.

La norma adapta la Ley 39/2006 para garantizar una supervisión y atención pública especializada 24 horas en fases avanzadas de dependencia. Además, crea un nuevo Grado III+ de dependencia extrema, específico para personas con ELA y patologías similares, que incorpora una prestación económica finalista para asistencia personal o ayuda a domicilio, con una cuantía máxima de 9.859 euros mensuales cofinanciados al 50% entre el Gobierno y las comunidades autónomas.

Nota de prensa – Congreso de diputados

El Congreso ha aprobado la tramitación de la Ley Orgánica para la protección de menores en entornos digitales. La norma busca proteger los derechos de los menores, sus datos y el acceso a contenidos adecuados, ante la preocupación de las familias españolas por la edad media de 11 años en que acceden al móvil y a contenidos pornográficos.

Entre las medidas destacan elevar a 16 años la edad mínima para registrarse en redes sociales, obligar a los fabricantes a incluir controles parentales gratuitos y que los centros educativos regulen el uso de dispositivos digitales. Las redes sociales deberán contar con canales de denuncia, verificar la edad en contenidos sensibles y garantizar la veracidad de la información. En el ámbito penal, se incorpora al catálogo de penas la prohibición del acceso a entornos digitales, se tipifica la difusión de pornografía a menores, los deepfakes vejatorios y se agrava el grooming. La ley se presenta como una regulación integral y pionera en Europa, diseñada con perspectiva social y consenso institucional.

Nota de prensa – Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Desde hoy, todas las mujeres víctimas de violencia sexual serán atendidas por órganos judiciales especializados en España, en cumplimiento del Convenio de Estambul. El objetivo es mejorar la atención y protección a las víctimas, lo que supondrá un incremento medio del 12,9% en la carga de trabajo de los juzgados de violencia, aunque de forma progresiva.

Para dar respuesta, el Gobierno aprobó la creación de 50 nuevas plazas de jueces especializados, un 42% más, que podría ampliarse al 47% con la futura Ley de fortalecimiento de la carrera judicial. Ocho de estas plazas entran en funcionamiento en octubre en varias comunidades autónomas y las 42 restantes en diciembre, con los Tribunales de Instancia. Mientras tanto, el Ministerio ha autorizado 15 refuerzos temporales que apoyarán a 25 juzgados en distintas regiones, con posibilidad de nuevas incorporaciones según las peticiones del Consejo General del Poder Judicial.

Nota de prensa – Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

El Colegio de Procuradores de los Tribunales de Barcelona (ICPB) ha valorado positivamente que el Parlamento de Cataluña apruebe una iniciativa del Partido Popular para reforzar la eficiencia y la proximidad del sistema judicial. La moción insta el Gobierno del Estado a revisar la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia organizativa, que ha generado dificultades en procedimientos como monitorios, desahucios o reclamaciones comunitarias. En estos casos, se propone eliminar la obligación de acudir previamente a un Método Alternativo de Solución de Conflictos (MASC), para simplificar los trámites y evitar sobrecargas.

La propuesta también plantea restituir a los jueces de paz la competencia para celebrar matrimonios civiles, reforzando así una justicia próxima y accesible, especialmente en zonas menos pobladas. Además, se impulsa la elaboración de un informe técnico sobre las necesidades reales del sistema judicial en Cataluña, con la colaboración de los colegios profesionales, para calcular recursos humanos para adaptarlos a los cambios demográficos. El ICPB subraya su apoyo a todas las medidas que favorezcan una justicia más moderna, eficiente y próxima a la ciudadanía.

Nota de premsa – ICPB

El Pleno del Congreso ha aprobado en sesión extraordinaria el Proyecto de Ley que modifica tanto el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. La propuesta incluye una transposición de la nueva Directiva del seguro de automóviles, con el objetivo de mejorar y armonizar el marco jurídico a nivel de la Unión Europea.

Además, la ley integra las recomendaciones del “Informe Razonado” de la Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración para dar más protección a los terceros afectados en accidentes de circulación.

Finalmente, se introduce la obligatoriedad de seguro obligatorio de responsabilidad civil para vehículos ligeros personales que no son considerados oficialmente “vehículos a motor”, así como nuevas normas sobre honorabilidad y aptitud para las personas que ejerzan la dirección efectiva en entidades aseguradoras, incluyendo también planes preventivos de recuperación.

Nota de prensa – Congreso

La resolución considera que esta regulación no vulnera ni el Convenio n.º 158 de lo OIT ni la Carta Social Europea revisada, puesto que ambos textos utilizan expresiones como “indemnización adecuada” sin concreción numérica y tienen carácter programático, por lo cual requieren desarrollo legislativo. El Supremo recuerda que la jurisprudencia constitucional ya había avalado la indemnización tasada (33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades) como fórmula adecuada que garantiza seguridad jurídica y uniformidad. También subraya que las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales no son vinculantes para los tribunales españoles, a diferencia de las del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o del Tribunal de Justicia de la UE.

Todo y esta doctrina, algunos tribunales autonómicos habían admitido indemnizaciones adicionales basándose en la normativa internacional, lo cual había abierto la puerta a interpretaciones diferentes. En particular, una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha reabierto el debate sobre el artículo 24 de la Carta Social Europea, si bien en el caso concreto no concedió una compensación extra. Esto ha generado cierta divergencia doctrinal y práctica: mientras el Tribunal Supremo defiende el carácter cerrado y suficiente de la indemnización establecida por ley, algunas jurisdicciones territoriales mantienen el interés para aplicar estándares europeos que podrían justificar importes superiores en determinados supuestos.

Nota de prensa – CGPJ

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha propuesto la creación de 34 nuevas unidades judiciales en Cataluña, consideradas prioritarias, con el objetivo de mejorar la capacidad del sistema judicial regional; estas podrían ser aprobadas este mismo año y entrar en funcionamiento el 2026.

El Departamento de Justicia está trabajando con el Ministerio de Justicia y con la Sala de Gobierno del TSJC para planificar y desplegar estas unidades, teniendo en cuenta las necesidades identificadas previamente por todas las partes implicadas.

Nota de prensa – Departament de Justícia i Qualitat Democràtica