Las medidas responden a la necesidad de una transición ordenada hacia el nuevo modelo judicial, con seguridad jurídica tanto para los profesionales como para la ciudadanía, y permiten abordar las incertidumbres originadas por el cambio estructural en la organización judicial.
El Tribunal Supremo ha planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para determinar si el actual sistema español de indemnizaciones a víctimas de atropellos intencionados es conforme con las directrices europeas en materia de seguro obligatorio para automóviles (Directiva 2009/103/CE y modificación 2021/2218).
El Tribunal establece que la responsabilidad subsidiaria de los administradores tiene carácter sancionador y exige acreditar su actuación negligente, protegiendo así la presunción de inocencia.
El 13 de mayo de 2025, el Gobierno aprobó una reforma significativa del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para adaptarlo a la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que atribuye a la Fiscalía la normativa europea de dirigir la instrucción penal.
El plan 2025-2028 prevé convertir los juzgados de paz en oficinas modernas con más recursos, formación y servicios digitales.
La nueva ley obliga, antes de ir a juicio, a demostrar que se ha intentado llegar a un acuerdo mediante mediación, conciliación u otras vías alternativas.
El Gobierno adapta el Código Penal para perseguir operaciones que vulneren las sanciones de la Unión Europea.
El CGPJ aprueba la creación de cuatro juzgados temporales para agilizar los juicios de delitos leves como los hurtos y combatir la reincidencia en Barcelona.
El Gobierno impulsa una ley para facilitar que los consumidores afectados por fraudes puedan reclamar de manera colectiva y efectiva.
El órgano judicial avala una reforma para hacer más fácil y ágil la corrección de informaciones erróneas a los medios y a internet.